Tras amasar una fortuna a costillas de los inmigrantes, el dueño de una compañía de grúas en Los Ángeles ha enfrentado una serie de eventos negativos, como perder su negocio, su residencia y ahora enfrentar varias demandas por decomisos ilegales.LOS ÁNGELES, California.- En la época en que miles de autos de indocumentados fueron decomisados en frecuentes operativos policiacos en California, el empresario Joe Albert se dio una vida de rey gracias a esas incautaciones: compró una mansión de tres millones de dólares, conducía coches de lujo y no le temblaba la mano para firmar cheques de más de $600,000.
Ocurrió antes de la ley AB60 que permite a las personas sin documentos obtener licencias de manejo. Mientras los migrantes se sacrificaban para reunir una cuota de $1,500 y recuperar sus vehículos del depósito de Albert, este disfrutaba de una residencia de cuatro recámaras, piscina, un patio con una fuente de finos acabados y balcones con vistas a un campo de golf en la adinerada comunidad Coto de Caza, considerada el Beverly Hills del condado de Orange.Durante más de 40 años, todos los autos que confiscó la Policía de El Monte, un suburbio de Los Ángeles habitado principalmente por hispanos, eran remolcados por las grúas de Albert. Antes de la AB60, la gran mayoría de esos coches incautados eran de indocumentados. Albert’s Towing, la empresa de Joe Albert, gozó a lo largo de ese período de un contrato preferente: jamás lo auditaron. Más de 11,000 autos estuvieron en su corralón de 2007 a 2011, según reportes oficiales.
Pero la suerte dejó de sonreírle a Albert en el verano de 2014, luego de que activistas destaparon que sus grúas decomisaban ilegalmente coches en una plaza comercial de El Monte. Esto desencadenó una serie de eventos que le extinguieron el negocio: se le impuso una orden de arresto por no acudir a una audiencia judicial relacionada con dichas incautaciones, la Ciudad de El Monte canceló su contrato y le exigió pagar una deuda de 120,000 dólares, su negoció cerró sus puertas y, sin su principal fuente de ingresos, también perdió su mansión en Coto de Caza.Finalmente, el pasado 27 de octubre, Albert decidió enfrentar a la justicia. En la corte, no disputó un cargo por remolcar un auto sin el permiso del dueño y un juez lo condenó a un año de libertad condicional y le ordenó pagar una multa, confirmó la Fiscalía del condado de Los Ángeles. “El 28 de abril de 2018 habrá una audiencia para que las víctimas puedan pedir restitución”, señaló un portavoz.
Univision Noticias intentó en varias ocasiones comunicarse por teléfono con el empresario Joe Albert, pero este no respondió a las llamadas.
Amigo de políticos y policías
El caso de Joe Albert reformó el sistema de contratos de empresas de remolque en la ciudad de El Monte. Además, un Gran Jurado del condado de Los Ángeles lo analizó con el objetivo de sugerir mejores prácticas en una industria plagada de quejas."Había un acuerdo entre (la empresa Albert’s Towing), la Policía local y funcionarios electos en El Monte, que aparentemente defendían los intereses del empresario (Albert) a cambio de donaciones y favores", indica el reporte, refiriéndose a que, para renovar sus contratos, Albert apoyó campañas políticas, era cercano a concejales y mandos policiales, e incluso pagó fiestas y alimentó a policíasdurante los retenes en los que les quitaban autos a los inmigrantes.Cabe señalar que también la Ciudad de El Monte se benefició de las actividades de Albert. De 2008 a 2014, ese municipio recibió más de 870,000 dólares como parte de cuotas por las incautaciones.
“Finalmente Joe Albert ha sido encontrado culpable por un delito, desgraciadamente hay mucha gente que él engañó, incluyendo a la Ciudad de El Monte”, dijo el alcalde de esa localidad, André Quintero, en referencia a que el empresario aún no ha pagado un adeudo de 120,000 dólares.
Quintero explicó que ahora esa municipalidad, donde el 69% de sus 113,000 habitantes es hispano, cuenta con un nuevo esquema que le permite supervisar a la empresa de remolques que colabora con la Policía. “Somos más vigilantes para garantizar que eso que pasó no se repita”, señaló el alcalde.Cuando Albert’s Towing cerró sus puertas dejó afuera de su establecimiento cientos de reportes policiacos que confirman que sus grúas estuvieron muy ocupadas. También quedaron cheques de miles de dólares y reportes que muestran que se trató de un negocio pujante. Incluso tiró el contrato de compra de su residencia en Coto de Caza, por la cual pagaba una hipoteca mensual de 10,000 dólares, una información que ha sido verificada con el Registro Público de la Propiedad del condado de Orange. Todos esos documentos fueron tomados por activistas y facilitados a Univision Noticias.
“El enfoque de esta compañía era explotar a los indocumentados; sus empleados buscaban los vehículos de la gente sin papeles, los más vulnerables”, dijo la abogada Cynthia Anderson-Barker, representante de la Liga Nacional de Abogados (NLG), organización que revisó los documentos de Albert’s Towing.
Las prácticas predatorias de las compañías de remolques se han registrado en varias ciudades de California con población mayormente hispana. En King City, una pequeña ciudad del norte del estado, las autoridades arrestaron en 2014 al entonces jefe interino de la Policía y a otros agentes por participar en un esquema que se enfocaba en el decomiso de coches de indocumentados.
El Gran Jurado de Los Ángeles investigó además el intento de soborno del dueño de una compañía de grúas en Huntington Park buscando elevar las cuotas de confiscaciones de vehículos y el donativo irregular que recibió el hijo del entonces alcalde de Irwindale para cederle parte del contrato municipal a la empresa de remolques Royal Coaches, que los activistas apodan ‘La Roba Coches’.
UNIVISION
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